La factura visible

Pues bien, de acuerdo con el Instituto para la Economía y la Paz, el costo económico de la violencia asciende a más 4 billones de pesos (sí, billones con “b” de barbaridad). En la edición 2025 del Índice de Paz México se estimó en 4.9 billones de pesos, mientras que la edición 2026 lo ubica alrededor de 4 billones.. Esto es equivalente a cerca del 20% del Producto Interno Bruto de México e incluye, por ejemplo, el presupuesto asignado a las fuerzas armadas, a la Guardia Nacional, a las policías estatales y municipales y a todo el sistema judicial. Incluye, además, la inversión que hacen empresas y hogares en medidas de seguridad, como guardias privados, cámaras de vigilancia, alarmas, rejas y monitoreo, entre otros.

Para darse una idea, el costo de la violencia en México es tan grande que supera por varias veces la inversión pública total en educación o salud (1.03 billones y 0.98 billones de pesos aprobados en 2024, respectivamente). Es un lastre equivalente a aproximadamente 37,500 pesos por cada mexicano, más del doble del salario mensual promedio.

Esta cifra parece exorbitante, y lo es. Pero la cosa no termina ahí.

Existen otros costos que son más difíciles de cuantificar o que incluso pueden considerarse “invisibles”. Por ejemplo, la pérdida de capital humano, los costos médicos y psicológicos para las víctimas, la desaceleración de la inversión, los costos de la extorsión y el “derecho de piso”. A esto se agregan el impacto en sectores sensibles a la violencia, como el turismo, y la pérdida de productividad derivada del miedo.

Y es aquí, en esta lista de costos “invisibles”, donde el estado de Guanajuato, y particularmente la capital, podría estar pagando una de las facturas más altas del país. Porque una cosa es hablar de una factura nacional medida en billones de pesos y otra muy distinta es preguntarnos qué ocurre cuando esa factura aterriza en las empresas, las ciudades y la vida cotidiana de nuestro estado.

Como bien dicen: “el diablo está en los detalles”.

El estado más caro para trabajar

Como orgulloso irapuatense, me duele reconocer que Guanajuato se ha consolidado, tristemente, como uno de los estados más caros del país para operar un negocio debido a la inseguridad (si no el que más). Y esto no solo es una percepción personal. Está confirmado por la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas (ENVE) 2024 del INEGI. Según este reporte, mientras que a nivel nacional un negocio gasta en promedio 54 mil pesos anuales en protección o pérdidas, en Guanajuato la cifra se dispara a la nada despreciable cantidad de 83 mil pesos. Es decir, tenemos un sobrecosto cercano al 50% solo por tratarse de nuestro estado. Además, resulta importante tomar en cuenta que ese sobrecosto no es, para nada, una inversión productiva: se va en guardias privados, cámaras de vigilancia, alarmas y, tristemente, en facturas que no deberían existir, como la extorsión.

Sí, es cierto que, desde el levantamiento de la ENVE, las cifras reales podrían haber cambiado. Para bien o para mal, aún no lo sabemos. Pero el sentimiento de inseguridad que se vive en Guanajuato es suficiente para que, digan lo que digan nuestros gobernantes, los empresarios estén dispuestos a pagar el extra. En concreto, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) coloca consistentemente a ciudades como Irapuato y Celaya con índices de percepción de inseguridad superiores al 85%. Además, diversos estudios señalan a la inseguridad como uno de los principales obstáculos para invertir y hacer negocios en el estado: cerca del 80% de los empresarios en Guanajuato la consideran su principal preocupación.

Ese miedo no solo paraliza la inversión y frena los empleos que tanta falta nos hacen, sino que también termina inflando el precio de muchos de los bienes y servicios que consumimos todos los días.

Definitivamente, “el miedo no anda en burro”.

Y, para ser justos, esta no es una reacción exclusiva de Guanajuato. Ante un entorno percibido como inseguro, cualquier empresario estaría dispuesto a invertir más recursos para proteger su patrimonio mediante cámaras, alarmas o vigilancia. ¡Yo lo haría! El problema es que, cuando millones de personas toman simultáneamente esa misma decisión, el resultado deja de ser un asunto individual y se convierte en un costo económico colectivo.

Y todavía falta más. Las cifras que hasta aquí he expuesto dejan fuera una factura adicional. Una que no aparece en las cámaras de seguridad, en las pólizas de seguro ni en las encuestas empresariales. Esta es la factura de la reputación.

El impuesto al miedo

Si uno revisa la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) más reciente, encuentra una realidad interesante: Guanajuato Capital suele registrar niveles de percepción de inseguridad considerablemente menores que ciudades como Irapuato o Celaya, donde más de ocho de cada diez habitantes afirman sentirse inseguros. Sin embargo, la economía tiene una peculiaridad incómoda: los mercados suelen reaccionar a percepciones, no a mapas.

Quien vive en Guanajuato distingue perfectamente entre municipios, carreteras, zonas industriales y destinos turísticos. Sabe que la realidad de la capital no es la misma que la de otras ciudades del estado. Pero un visitante potencial de Monterrey, de la Ciudad de México o del extranjero no necesariamente cuenta con esa información. Y, cuando la información es incompleta, las personas simplifican.

Para muchos, el titular termina siendo uno solo: “Violencia en Guanajuato”, sin importar si ocurrió en el centro, en el norte, en el sur, en el campo o en la ciudad. Esta simplificación es comprensible. Todos la hacemos. Pero también tiene consecuencias económicas. Diversos estudios sobre turismo han encontrado que la percepción de seguridad influye en la elección de destinos, incluso cuando los visitantes cuentan con información limitada sobre los riesgos reales. Esta preocupación, por supuesto, no es exclusiva de Guanajuato. Pensemos, por ejemplo, en una familia que está planeando sus vacaciones. Entre dos destinos similares, es posible que termine eligiendo aquel que percibe como más seguro. Lo mismo ocurre con un visitante que decide reducir la duración de su estancia, con una empresa que pospone un evento o con un turista que prefiere regresar temprano al hotel “por si las dudas”. Ninguna de estas decisiones parece particularmente importante por sí sola. Sin embargo, cuando miles de personas toman decisiones similares, los efectos comienzan a acumularse. La reservación que nunca se realizó afecta al hotel. La cena que no ocurrió afecta al restaurante. La callejoneada que se canceló afecta a los guías turísticos. La estancia más corta reduce el gasto del visitante. Y, poco a poco, la percepción termina modificando la actividad económica de toda una ciudad. Esto resulta especialmente relevante para Guanajuato Capital, una ciudad cuyo patrimonio histórico, su oferta cultural y su atractivo turístico dependen, en buena medida, de algo tan intangible como la confianza.

Por eso la factura económica de la violencia no termina donde terminan las estadísticas delictivas. A veces continúa en forma de oportunidades perdidas, inversiones que nunca llegaron y visitantes que eligieron otro destino.

Más costoso de lo que pensábamos

Parece entonces que la violencia impone distintas facturas. Algunas aparecen en los presupuestos públicos. Otras se reflejan en los costos adicionales que enfrentan empresas y hogares para protegerse. Y otras más ni siquiera quedan registradas en las estadísticas.

Lo que queda claro es que la violencia destruye riqueza cuando ocurre. Pero quizá su costo más alto aparece cuando impide que esa riqueza llegue a existir.

Porque detrás de cada inversión cancelada, de cada negocio que no abrió sus puertas, de cada turista que eligió otro destino o de cada proyecto que quedó en pausa, existe una oportunidad que nunca llegó a materializarse. Quizá esa sea la parte más cruel de esta historia.

La violencia no solo nos cobra por lo que perdemos. También nos cobra por todo aquello que nunca llegamos a ser.